El mundo debe entender lo que ocurre en España

Informes orales: la Fiscalía, Javier Zaragoza

09/06/2019, 17:35
Vídeo: "Fue un golpe de Estado, que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro, por medios ilegales."

Marchena: El Ministerio Fiscal tiene, tiene la palabra.

Fiscal Zaragoza: Con vuestra venia, señor, para defender el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal y anunciar al tribunal que, efectivamente nuestra intervención se va a dividir en cuatro bloques temáticos distintos pero complementarios. Y comenzaré el informe del Ministerio Público retomando las últimas palabras, una de las últimas ideas que expuse el 13 de febrero al comienzo de este juicio, al responder a las defensas en la vista preliminar que establece el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objeto de este juicio.

 No hay presos políticos

La razón por las que están siendo juzgados los acusados nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen ideas políticas, no se persiguen opiniones políticas, ni tiene que ver tampoco con la persecución o la represión de proyectos políticos no compatibles con los fundamentos del orden constitucional.

Los acusados y todas sus terminales políticas y mediáticas son perfectamente conscientes de esto. La razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución española de 1978, el instrumento básico de nuestra convivencia, que ha convertido a España en una democracia moderna y consolidada. Las razones: haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria.

Todo ello al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que no, que carece de normativa, de apoyo normativo nacional e internacional. Digo que carece de este apoyo porque ni la Constitución española lo reconoce, como tampoco lo reconoce, por cierto, La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República que ellos aprobaron en septiembre del año 2017, con respecto a aquellos territorios que pudieran estar en desacuerdo con llevar a cabo o imponer este proyecto político. Y tampoco tiene cobertura normativa internacional porque no hay ni una sola resolución de Naciones Unidas, ni la 1514, ni la 1541, ni la 2625 que ampare la autodeterminación de un territorio que tiene este nivel de autogobierno y que se enmarca dentro de un Estado democrático.

No hay derecho a la secesión

Como tampoco existe un derecho a la secesión, que es quizás la versión más moderna que se ha articulado del derecho de autodeterminación o un derecho a decidir. Quiero recordar, como sostenía Jurgen Habermas, que la legitimidad de la secesión no se puede decidir sin plantear previamente la legitimidad del statu quo. Una legitimidad que tiene todo sistema democrático como es el sistema democrático español, un sistema democrático basado en cargos públicos electos, en elecciones libres, en la pluralidad de medios de información, en la autonomía de grupos y asociaciones y en una ciudadanía inclusiva.

En estos supuestos, como es el caso de la democracia española, no solo no hay un derecho moral a la secesión, sino que lo que existe es, ya no sólo la obligación legal, también la obligación cívica de defender la Constitución, una Constitución que es la más abierta, moderna e inclusiva que ha tenido España desde que en el siglo XIX, nació en Europa el constitucionalismo. Quizás haya que decir que la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña y lo recordaban hace unos días un nutrido grupo de historiadores académicos encabezados por el prestigioso hispanista británico John Elliott, es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente y pacientemente aquellos que defienden la Constitución.

El procesado Junqueras, que es un notable experto en la utilización de sofismas, argumentaba en ese monólogo inicial y no contradictorio con el que nos regaló el día 14 de febrero, que el Estado nunca tuvo la intención de dialogar y acuñaba para ello el concepto, el síndrome de la silla vacía, para responsabilizar al Estado de la falta de diálogo, de la falta de solución al conflicto, y justificar así todo lo que venía produciéndose. Lo diré de otra manera: quien rompe y quiebra gravemente la legalidad democrática, quien se coloca al margen de la ley, quien se niega en redondo a dialogar en el marco de las instituciones y dentro de los cauces democráticos, responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas de no solucionar la cuestión, esta cuestión, precisamente por sujetarse y por respetar la Constitución y las leyes democráticamente aprobadas. Yo creo que esto puede ser calificado, merece muchas calificaciones, pero quizá yo diría que es un ejercicio de cinismo sin precedentes.

La democracia española, y ellos lo saben, no es una democracia militante, como ha reconocido la doctrina del Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, entre ellas la sentencia 42/2014 y la sentencia 259/2015. A diferencia de otros países, en España, y la democracia española no se criminalizan, no se criminaliza, a quienes defienden proyectos políticos contrarios a los principios básicos de nuestra legalidad constitucional.

Es una democracia que permite debatir y plantear proyectos de reforma constitucional hasta sus principios orgánicos más elementales, sea la soberanía nacional, sea la integridad territorial, o sea la unidad de la nación. Pero lo que no es admisible, y esto lo recuerda esa doctrina constitucional, lo que no es admisible es que se defiendan a través de actividades que vulneren los principios democráticos, que vulneren los derechos fundamentales, o el resto de los mandatos constitucionales.

Uno de los principales axiomas del independentismo es el que identifica el principio democrático con la idea de que la soberanía popular está por encima de la ley. Una interpretación que entran muy en la lógica de los nacionalismos populistas, tan excluyentes como insolidarios que hoy nos invaden.

Pero, como recordaba a Su Majestad el Rey, hace unas pocas semanas, con motivo de un encuentro internacional de juristas, no hay democracia sin respeto a la Ley. La esencia de la democracia radica en la sujeción de todos, ciudadanos, pero muy singularmente los poderes públicos, a las leyes democráticamente aprobadas. Ese es el auténtico, ese es el verdadero principio democrático.

Un principio que se sustenta en la idea de que en el Estado de Derecho, la ley es la expresión democrática de la voluntad popular y que se concreta en la primacía incondicional de la Constitución, como reconocen numerosas sentencias del Tribunal Constitucional 204/2011, 42/2014 o ya la mencionada también 259/2015, porque la Constitución es el instrumento esencial que garantiza una convivencia ordenada y pacífica en la que se respeten los derechos y libertades de todos, no solamente los derechos y libertades de unos o de unos pocos.

La supremacía de la voluntad popular por encima de la ley o al margen de la ley está en el origen de funestas experiencias históricas bien conocidas que no queremos que se vuelvan a repetir. La primera derivada de esta manipulación es que votar no es delito, pero impedirlo por la fuerza sí. Esto es lo que se dijo aquí el día 14 de febrero: votar no es delito, pero impedirlo por la fuerza sí. Es evidente que con este juicio, y con las acusaciones que ha formulado el Ministerio Público, no se criminaliza al voto. Lo que persigue es incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales, en parte, además de otras muchas acciones, incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales, incluidas aquellas que prohíben un referéndum ilegal, algo que siempre ha sido delito en todos los códigos penales de todas las épocas: el delito de desobediencia.

 Un referéndum ilegal

El referéndum había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado que se impidiera el uso y la apertura de los locales en los que debía celebrarse. Pese a ello, el Govern de la Generalitat mantuvo la convocatoria y las entidades civiles soberanistas organizaron el referéndum, protegieron el referéndum e impidieron la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tenían que ejecutar el mandato judicial. Vamos a ver: celebrar un referéndum contraviniendo los mandatos judiciales y particularmente las resoluciones del Tribunal Constitucional ha sido, es y será delito, aunque haya sido despenalizada la convocatoria de consultas ilegales porque carece de competencias para ello, que es otra figura delictiva completamente distinta que se incluyó en el artículo 506 bis bis del Código Penal, que fue despenalizada por la Ley Orgánica 2/2005.

En igual medida, impedir la celebración de un referéndum que es fruto de un acto manifiesto y notorio de desobediencia no solo no es delito, sino que es una obligación legal, como legítimo es igualmente usar la fuerza necesaria para garantizar el cumplimiento de un mandato judicial cuando no existen otros medios para asegurar su ejecución.

La convivencia se preserva fundamentalmente, respetando las leyes y los mandatos judiciales y no incumpliéndolos palmariamente. Y quiero también formular una tercera reflexión, que yo creo que vuelve a ser absolutamente necesaria e imprescindible porque algunos de los procesados han sostenido de una forma demente que la Justicia ha retorcido la ley para criminalizar actividades estrictamente políticas. Esto no es cierto, como recordaba la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019, que cuando se pretende ejercer, dictada a propósito de un caso que tiene conexión con este asunto, que cuando se pretende ejercer los derechos políticos al margen de las leyes, no solamente no hay lesión de estos derechos, sino que resultan vulnerados los derechos del resto de los ciudadanos. Y en el mismo sentido, se pronunciaba la sentencia de esta misma Sala de 18 de febrero del 2015, dictada con ocasión de los hechos acaecidos en el mes de junio del dos mil once.

 El asedio al Parlament

El llamado asalto al Parlament de Catalunya. Decía esa sentencia: el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios básicos para la vigencia del sistema constitucional, como era el derecho de participación política. Pues bien, tampoco el ejercicio de estos derechos, incluido el derecho de participación política, nos puede conducir a exonerar a quienes los ejercen extralimitándose en los mismos, de cualquier responsabilidad que hayan contraído ante la fragante violación de las leyes penales. Es decir, el ejercicio de los derechos políticos no puede operar como una causa de justificación prevista en el artículo veinte, apartado séptimo del Código Penal, cuando se llevan actos que vulneran gravemente las normas básicas de nuestra convivencia.

No hay presos políticos, no son presos políticos. Un preso político, como señala la resolución de 3 de octubre del 2012 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en esencia un resumen, preso político es aquel que se mantiene encarcelado o detenido no por haber cometido un delito tipificado como tal, sino porque sus ideas o sus opiniones supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. Pues bien, no hay delitos políticos, no hay presos políticos, perdón, en este caso, como tampoco hay detenciones arbitrarias, a pesar de que lo diga ese informe del Grupo de Trabajo que depende del Consejo Europeo de Derechos Humanos, que ha admitido todas las alegaciones de parte, de la parte, o de la fuente que no sabemos quién es y ha desechado por completo las alegaciones formuladas por el Gobierno frente a la investigación que estaban llevando a cabo.

Quizás el resultado de ese informe, y quizás la opinión, podría cambiar si se hubiera tenido en cuenta que no se perseguían sus ideas, que no se perseguían sus opiniones, sino que se les ha imputado, se les ha investigado, y el objeto de este juicio es haber quebrantado, haber cometido, hechos delictivos consistentes en quebrantar las leyes democráticas básicas de nuestra convivencia, romper el orden constitucional, desobedecer reiteradamente al Tribunal Constitucional, enfrentar a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público cuando están actuando legítimamente y cumpliendo el mandato judicial, obstaculizar gravemente las actuaciones judiciales o destinar los fondos públicos para financiar actividades ilícitas. Esto es lo que no se refleja, este es el objeto del juicio, este es el objeto del proceso que no se refleja en esos informes.

La Constitución se defiende

¿Por qué es legítimo? Es legítimo que todos los, en todos los ordenamientos penales de los Estados democráticos, estén tipificados como delitos graves, aquellas conductas que atentan contra el orden constitucional, en particularmente las conductas más graves, como son estas que estamos vien[do], que estamos juzgando, bien se denomina rebelión, bien sean llamadas alta traición, como en Alemania, o cualquiera que sea la nomenclatura que se utilice a este respecto.

Uno de los instrumentos imprescindibles para proteger el orden y la seguridad en una democracia, para proteger la integridad territorial, para proteger los derechos y libertades de todos es, evidentemente, la tipificación penal de aquellas conductas que atentan gravemente contra el orden constitucional.

Yo, en este sentido, no me resisto a mencionar la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictada a finales de mayo de este mismo año de 2019, que es una sentencia que tiene una estrecha relación con uno de los actos que se mencionan en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Es el acto, el acuerdo de la Mesa del Parlament de 4 de octubre del 2019 por el que se convoca un pleno para presentar los resultados del referéndum y para la comparecencia del entonces presidente de la Generalitat, hoy procesado rebelde, el señor Puigdemont.

Ese acuerdo fue suspendido por el Tribunal Constitucional por auto de 5 de octubre. Ese acuerdo fue objeto, ha sido objeto, de una demanda o de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, demanda formulada por la acusada Forcadell y por otras 75 personas más y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido tajante en su decisión.

En lo que atañe a los artículos 10 y 11, a los posibles, vulneración de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, dice que el Tribunal considera que la suspensión del pleno por parte del Tribunal Constitucional perseguía, entre otros objetivos legítimos, la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás. El Tribunal recuerda, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, que un partido político puede hacer campaña a favor de un cambio en la legislación o las estructuras jurídicas o constitucionales del Estado, siempre que utilice medios legales y democráticos y proponga un cambio compatible con los principios democráticos fundamentales.

Concluye que puede considerarse que la injerencia en el derecho de los demandantes a la libertad de reunión satisface una necesidad social imperiosa que, por lo tanto, dicha injerencia es necesaria en una sociedad democrática.

 Advertencias repetidas

Yo creo que se puede decir más alto, pero no se puede más claro. Coloca el argumento fundamental del Tribunal Europeo, es que utilizaron leyes que habían sido suspendidas por el Tribunal Constitucional, que luego fueron declaradas ilegales por inconstitucionales y además, que han desobedecido reiteradamente las decisiones del Tribunal Constitucional, como así ha sido, porque la realidad es que los acusados, la mayor parte de ellos, salvo aquellos que no tenían en funciones públicas, como es el caso de los acusados Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, todos, una como presidenta del Parlament, el resto, como miembros del Gobierno, no han cumplido, han desobedecido todas y cada una de las decisiones, autos y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional a partir de la famosa resolución primera de la undécima legislatura, el que se pone en marcha este proyecto.

En unos casos, tenían ocho advertencias, en el caso de la señora Forcadell siete advertencias, en el caso de los recién llegados en el mes de julio cinco advertencias, cinco advertencias formuladas por el Tribunal Constitucional en las que se les ordenaba que se abstuvieran de llevar a cabo iniciativas de esta naturaleza y de paralizar cualquier iniciativa en este sentido.

En este juicio se han celebrado, se han practicado, un buen número de pruebas, las declaraciones de los procesados, 422 declaraciones testificales, 16 peritos han depuesto sobre diferentes materias, aquí en el acto del juicio. Yo creo que nadie puede cuestionar que es un juicio con todas las garantías que cumple con los cánones de la doctrina del Tribunal Constitucional y con los estándares que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, particularmente en lo que atañe al Artículo 6, donde se reconoce el derecho a un juicio, un proceso, equitativo.

Y esas pruebas confirman, uno por uno, los hechos que incluye el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, pero si tomamos en cuenta exclusivamente las declaraciones de los acusados en la vista oral, uno tiene la sensación, o puede parecer que el procés, el desarrollo de este plan que utilizando la violencia en los momentos necesarios, la movilización popular, la colaboración de los Mossos en la realización del referéndum, perseguía declarar la independencia y que además derogó la Constitución, incluso a primeros de octubre del año 2017.

 No pasó nada, dicen

Que este plan, pues, parece en realidad ha sido sido simplemente una ficción o quizás un mal sueño, porque lo cierto es que nadie ninguno de los procesados, ha querido asumir responsabilidades en relación con los hechos acaecidos.

Nadie quiso desobedecer al Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que no cumplieron ni uno solo de los diez autos y sentencias dictadas, ni con las advertencias que se formularon, ninguno de los diez autos y sentencias dictados tras resolución primera de la undécima legislatura.

Nadie quiso derogar la Constitución, es lo que han manifestado aquí, pero aprobaron una ley de Transitoriedad Jurídica, la ley 20/2017, que en su disposición final tercera derogaba la Constitución en cuanto se produjera el resultado favorable del referéndum y una vez publicada esta en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, que había sido publicada ya.

El referéndum no era tal, el referéndum para ellos era una simple consulta que carecía de efectos jurídicos. Entonces, para qué el Artículo 4 de la Ley del Referéndum, que establecía de forma imperativa que era vinculante y que si el resultado era positivo, esto obligaba en todo caso a declarar la independencia de Cataluña.

La declaración de independencia fue simbólica, dicen ellos. No tuvo ningún efecto jurídico porque nunca fue publicada. En fin, como si a lo largo de la historia, la eficacia de una declaración de independencia se hubiera hecho depender de la publicación en un boletín oficial. Las declaraciones de independencia siempre han sido declaraciones políticas que se han proclamado generalmente mediante la lectura de un manifiesto en diferentes lugares, en este caso en sede parlamentaria, en el Parlamento de Cataluña, que es donde, donde se pronunció ante la presencia de cientos y cientos de cargos electos que estaban enfervorizados, que alborozados, por el momento histórico que estaban viviendo.

Jamás, en su opinión, hubo actos de violencia, actos de agresión, de intimidación, de amenaza o de acoso, de manera que los daños causados, las lesiones producidas, la resistencia activa a que la fuerza pública pudiera cerrar los centros, los cortes de carreteras, los incidentes que se produjeron a lo largo de ese, de ese mes, que puede calificarse de insurreccional, no eran más que una legítima expresión, según ellos, del derecho a manifestarse y a reunirse de manera cívica y pacífica.

Bien, yo recuerdo todavía la pericial de los expertos de la no violencia, cuando convirtieron las patadas, las agresiones, los golpes, los empujones, los choques, los enfrentamientos, lo convirtieron en algo que me llamó la atención, que eran actos convencionales propios del ejercicio de los derechos de manifestación y reunión o, como mucho, unas simples faltas de disciplina en el marco de una estrategia de no violencia o de desobediencia civil.

Golpe de Estado

Yo creo que esto es un poco pervertir absolutamente el lenguaje. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Hubo violencia física, la hubo, violencia en las personas, hubo violencia compulsiva o intimidatoria, hubo fuerza en las cosas, efectivamente, pero parece que según el contexto en que se produzcan, y particularmente si estos hechos se producen en un determinado territorio y con los fines que pretendían, pues todos hechos engloba un nuevo concepto que sería el concepto de violencia pacífica. Realmente no es sostenible esta afirmación.

Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017, particularmente del momento en que se aprueba esa resolución primera de la undécima legislatura, que pone en marcha ya de una forma efectiva todo este proceso y sobre todo, en los meses de septiembre y octubre del 2017, es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años treinta a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado, que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro, por medios ilegales.

Y esto es lo que pretendían los acusados. Derogar uno de los objetivos que se incluye en el apartado primero del artículo 472 del Código Penal derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, que es el objetivo que se menciona en el apartado quinto. Eso es el procés. Y eso, a eso se refiere, yo recomiendo la lectura del auto editado por esta misma Sala, la sala de recursos, a propósito de un recurso contra la denegación de la libertad del acusado Jordi Sánchez el auto de diecisiete de abril del año 2018, particularmente su fundamento jurídico cuarto, que no tiene desperdicio a la hora de analizar cuáles son las condiciones, las circunstancias que se han producido para encajarlas y calificarlas como un delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal.

Es, ni más ni menos, que un pronunciamiento civil del poder constituido de una comunidad autónoma que se alzaba contra el Estado, rompiendo el orden constitucional que daba legitimidad a su ejercicio, con el apoyo de la movilización popular y con el auxilio o colaboración de los Mossos d'Esquadra en un momento determinado como el momento clave y trascendental, el del referéndum del 1 de octubre, que era presupuesto imprescindible para conseguir sus objetivos.

Las asociaciones de fiscales, el mismo día 10 de octubre, emitieron un comunicado, emitieron un comunicado en el que reflejaban lo siguiente: con la declaración unilateral de independencia efectuada por el presidente de la Generalitat en el Parlament de Catalunya, se ha consumado tristemente el golpe al Estado de derecho y el régimen de libertades de todos los ciudadanos, fracturando el orden constitucional básico para una pacífica convivencia. Todos los fiscales de España, pues evidentemente una declaración asociativa nadie lo discute, estábamos completamente de acuerdo en que cómo había en calificar lo que se había producido.

Pero además, yo creo que hay que recordar que se produjo una situación de grave riesgo para el orden constitucional. Con los hechos que se produjeron en Cataluña en los meses de septiembre y octubre del 2017, particularmente a partir de la aprobación de las leyes de desconexión. Se produjo un grave riesgo de ruptura para el orden constitucional, porque además se declaró la independencia y la proclamación de la República Catalana. Se derogó la Constitución.

 El Artículo 155

Y esto el Estado tuvo que revertirlo utilizando una vía excepcional, un mecanismo excepcional de defensa de la democracia como fue el Artículo 155 de la Constitución. La violencia generada, la violencia que se produjo durante todo ese periodo, fue utilizada como instrumento para favorecer la declaración de independencia y el reconocimiento como un Estado independiente mediante la presentación de España, y esto es lo que ocurrió de verdad, como un Estado represor, franquista, antidemocrático en el plano internacional. Este fue el planteamiento.

Imagínense ustedes qué hubiera sucedido si alguno de los Estados hubiera llevado a cabo ese reconocimiento, si ese reconocimiento se llega a producir. Yo quiero destacar aquí dos ideas en relación con esta la situación de riesgo para el orden constitucional, muy breves, muy breves. La primera, se movilizaron 6.000 policías en el mes de septiembre para reforzar la seguridad en Catalunya, para cumplir con las órdenes judiciales de impedir la celebración del referéndum. Y esto no es normal. Desde luego que no lo es. El Rey tuvo que pronunciar el día 3 de octubre, un discurso institucional de enorme calado.

Un discurso institucional recordando la vigencia de la Constitución y recordando también las obligaciones de todos los poderes del Estado, recordando sus obligaciones constitucionales. Tampoco esto es muy normal.

Y por último, hubo que utilizar, como les decía, un mecanismo excepcional de defensa, el Artículo 155, que no se utiliza para un simple acto o delito contra el orden público. Esto se emplea, estas circunstancias excepcionales demuestran, que lo que había y lo que era, en definitiva, todos estos actos que cometieron, era un ataque contra el orden constitucional, no un ataque contra el orden público. Por eso no puede ser una sedición. La sedición es un acto contra el orden público, es un crimen contra el orden público. Lo explica perfectamente el auto de 17 de abril del año 2018 en el fundamento jurídico cuarto en el párrafo final. Esto es un ataque contra el orden constitucional y por lo tanto hay que tomar nota a los efectos de la calificación jurídica de los hechos y de la respuesta punitiva que debe darse.

 La violencia

Y la segunda idea, o la segunda reflexión, es que el carácter violento del alzamiento no implica que sea necesaria ni la violencia grave, ni la violencia armada. No hace falta armas ni militares y mucho menos que vaya precedido de la declaración del estado de sitio, regulado en la Ley Orgánica 4/81. Porque en la misma, el Artículo 32, apartado primero de esa ley, que prevé la declaración de estado de sitio, que además lleva una restricción generalizada de derechos para todos los ciudadanos del territorio, para todos, incluidos aquellos que defienden y respetan la Constitución, dice que es, sería declarar el estado sitio cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía e independencia de España, si no se puede resolver por otros medios.

La declaración del estado de sitio está para situaciones especialmente graves, para supuestos en que haya violencia grave, o generalizada y en el que hay armas, no para otras, pronunciamientos civiles, como es este caso, también la rebelión, que ya hemos dicho que no necesita ni violencia grave ni violencia armada.

Público y notorio, y con pruebas

La prueba de ese concierto delictivo o de ese plan concertado y convergente entre Parlament, Govern y asociaciones civiles es fundamentalmente el que todos los hechos que se han cometido, como si fuera la crónica de una rebelión anunciada, como si fuera la crónica de un alzamiento anunciado, han sido, los han conocido todos los españoles a través de los medios de comunicación, a través de las televisiones, hemos visto perfectamente qué es lo que ha pasado, cuando se aprobaron las leyes de desconexión, cuando se convocó la consulta, cuando se convoca el referendum, cómo se celebró el referéndum, los llamamientos a la movilización popular para ir a votar el referéndum, la reacción por parte del Estado, de utilizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para cumplir los mandatos judiciales, los incidentes que se produjeron a lo largo de estas semanas fueron todos televisados y retransmitidos, son hechos públicos y notorios que quizá no sea necesario probar con diferentes elementos de prueba.

Pero efectivamente, hay diferentes elementos probatorios que confirman ese concierto para delinquir, ese concierto criminal, aparte, como digo, de esos hechos públicos y notorios que todos conocemos que han sido retransmitidos y televisados hasta la saciedad.

Esos documentos que justifican lo que prueban la existencia de este concierto entre Generalitat, Parlament y asociaciones civiles son fundamentalmente, primero, el Libro Blanco para la Transición Nacional. Pieza separada 4, carpeta CD folio 002, informe numero 10 sobre el proceso constituyente. Segundo, la Hoja de Ruta. No cito el contenido porque creo que el tribunal debe examinar estos documentos al amparo del 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Segundo, la hoja de ruta que firman las formaciones políticas Convergencia, Esquerra Republicana, con las asociaciones civiles Asamblea Nacional Catalana, Omnium Cultural y Asamblea de Municipios por la independencia el 30 de marzo del 2015, pieza separada 4, anexo 1 del atestado 112/2017. No es el atestado, es un anexo documental al atestado. Tercero, la propuesta de acuerdo para la independencia de Junts per Sí de diciembre del 2015, enero del 2016, pieza separada 7, anexo 2, del atestado 5/2018. Cuatro, el documento Enfocats, pieza separada 4, anexo 7, folios 222 a 263, cuyas colaboraciones documentadas se encuentran en la misma pieza separada 7. Cinco, la hoja de ruta de la Asamblea Nacional Catalana para 2016 a 2017 que se ubica en la pieza separada 4, anexo 2 del atestado 112, folios 116 a 129. Y por último, la agenda Moleskine, ocupada al señor Jové, que se encuentra en la pieza separada 4, anexo 8, folios 264 a 363, la original, folios 364 a 419 la transcripción.

 Artur Mas, Neus Munté y la agenda de Jové

Es a las, al contenido de esa gente viene corroborado primero por las propias elementos de colaboración que aporta la unidad investigadora, que figuran como documentos en la pieza separada 7 y en segundo lugar, por las declaraciones de dos de los partícipes en esas reuniones, los señores Artur Mas y Neus Munté, que no han sido procesados finalmente, pero que estuvieron en esas reuniones conformando esa especie de sanedrín o de Estado Mayor del procés que se reunían varios de los acusados con estas personas. Evidentemente no están todos los que son, pero si son todos los que están.

Estas declaraciones confirman fechas, reuniones y lugares y contenido de lo tratado en esas mismas y coinciden exactamente con lo que se refleja en la agenda Moleskine, la famosa agenda Jové, particularmente en las reuniones del 23 de febrero del 2016, las reuniones del 30 de junio del 2016, las reuniones del 31 de agosto y del 22 de septiembre, casi siempre con los mismos participes. Los mismos partícipes que son el procesado rebelde señor Puigdemont, el señor Oriol Junqueras con las iniciales OJ, el señor Turull, el señor Romeva, la señora Rovira, la señora Munté, el señor Mas, en muchas ocasiones citando los apellidos porque en varias reuniones, y ustedes observan el contenido de la agenda, comprobarán que se utilizan los apellidos concretos: Turull, a veces Rull, Romeva, Rovira, Puigdemont. Hay referencias concretas a los apellidos y hay que leerse el contenido de esas agendas para comprobar que eso era efectivamente lo que se podría denominar el Estado Mayor del procés.

En ese concierto, tenían un papel sin duda muy importante tres instituciones, tres instituciones que eran, tres pilares se fundaba fundamentalmente en la actuación convergente de tres pilares: el pilar parlamentario, el pilar del poder ejecutivo del Govern y el pilar de las asociaciones civiles.

El pilar parlamentario, la actuación de la Mesa del Parlament, presidida por la señora Forcadell, que, como digo, fue advertida hasta en siete ocasiones en relación con las diferentes resoluciones, resoluciones y disposiciones legales que fueron aprobadas en el Parlamento de Cataluña y que de alguna manera crearon la cobertura legal necesaria, la cobertura jurídica necesaria para dar validez, para dar, para que el procés pudiera transitar hasta su objetivo final.

En segundo lugar, el pilar ejecutivo, fundamentalmente la actuación del Govern de la Generalitat, que era el maquinista principal de este proceso porque tenía entre sus funciones preparar, planificar, organizar y celebrar el referéndum del 1 de octubre, convocar el referéndum del 1 de octubre, como lo hizo a través de las, de los decretos, el decreto 139/2017. En la convocatoria, que fue firmada por todos los miembros del Gobierno, suscrita por todos los miembros del Gobierno, y el decreto 140, que establecía normas complementarias para la financiación de este proceso. El Govern tenía la afición de crear las estructuras de Estado, entre ellos reconvertir a los Mossos en estructura de Estado para el control territorial, para el control de todo el territorio. Se han encontrado, la prueba de ello, es que se han encontrado documentos sobre la creación de estructuras de Estado en los despachos, en los domicilios, de dos de las principales figuras, de dos de los principales responsables, de todo este proceso, aunque a nivel inferior dependientes del señor Junqueras, que son los registros en los domicilios y en los despachos de los señores Jové y Salvadó.

Además, tenía encomendada toda la estrategia exterior a través del Diplocat para garantizar el reconocimiento internacional y, por supuesto, la financiación con la, procurar hacer frente a los gastos necesarios en diferentes campañas para la, el anuncio, la publicidad del referéndum y para todo lo relacionado con el material electoral.

Y por último, el tercer pilar era, naturalmente, las asociaciones civiles, porque la movilización popular en todos los documentos que acabo de mencionar es una de las armas imprescindibles para empujar el desarrollo de todo este proceso. La movilización popular, concentrada fundamentalmente en la actuación de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural, cuyos líderes, los señores Sánchez y Cuixart, han tenido una participación importante en esos dos momentos, tanto el 20 de septiembre como en relación con el 1 de octubre. Han sido los dinamizadores, en cierto modo, de toda la movilización popular para que se pudiera votar, para la concentración del 20 de septiembre, para que se pudiera votar y para impedir, sobre todo, proteger la votación, e impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el análisis de los documentos, hay una cuestión que es importante y es que los primeros cuatro documentos que he mencionado sitúan el referéndum, efectivamente, al final de todo el proceso, sin embargo, se produce un cambio, en cambio, en la hoja de ruta, un cambio que además se confirma a través de las anotaciones que figuran en la agenda Jové, un cambio que consiste en adelantar el referéndum al momento en que finalmente se produjo, es decir, inmediatamente después de las leyes de desconexión.

Y en este cambio tiene una importancia vital, y yo creo que esa lectura es obligada de ese documento, la hoja de ruta de la Asamblea Nacional Catalana que figura en los folios, en el anexo que he mencionado a los folios ciento 177 y 118, en que se aprueba en Badalona, por el Secretariado de la Asamblea Nacional Catalana, un cambio en la hoja de ruta para adelantar el referéndum y que tanto la aprobación de las leyes de desconexión como el referéndum sean, se dice textualmente, en septiembre del 2017. Esto es lo que ocurrió finalmente y esto demuestra la importancia del papel de la Asamblea Nacional Catalana, junto con la actuación de sus líderes en toda la hoja de ruta que finalmente, tal como se ha cumplimentado

Voy a pasar a continuación a analizar las pruebas que existen respecto a los procesados Junqueras y Forn, las pruebas de la participación en estos hechos.

 Junqueras

El procesado Junqueras es, como es evidente, uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos delictivos. Yo diría que es el motor principal de la rebelión. El motor principal de rebelión quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que esta situación llegara a producirse, y esta condición se deriva de la responsabilidad y del liderazgo que ha asumido en el desarrollo del procés. La participación del procesado Junqueras se concreta en los siguientes hechos y pruebas que los avalan. Primero, Junqueras es quien está presente junto con el procesado rebelde el día 9 de junio, cuando presentan la famosa pregunta del referéndum. Todo está acompañado de la plana mayor del independentismo y acompañado de la Mesa del Parlament, del resto del Gobierno y de diputados del Parlamento de Cataluña. Toda la, el desarrollo de los actos lo encontrará el tribunal en diferentes lugares del procedimiento, pero particularmente en los folios 756-764 de la pieza separada 8, tomo 3. Segundo elemento fáctico importante: asume la vicepresidencia de Economía en el mes de julio del 2017, asume el control de los procesos electorales. O sea, la competencia pasa del Departamento de Gobernación, vía Boletín Oficial, concreto dos decretos el 108 y el 110/2017 publicados en el Diario Oficial de la Generalidad, de la Generalitat de Cataluña de los días 18 y 20 de julio, pasa a depender de Vicepresidencia. Tercer elemento fáctico importante: él interviene, como los miembros del Gobierno, en la aprobación del decreto de convocatoria, del decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum, y del decreto 140, que es firmado por él junto con el procesado rebelde, señor Puigdemont. El primero, como decía de convocatoria del referéndum, el segundo de aprobación de las normas complementarias para destinar fondos a su celebración.

El procesado Junqueras fue advertido por el Tribunal Constitucional hasta en ocho ocasiones desde la primera que se produce a raíz de la aprobación de la resolución 263 de la undécima legislatura, la que aprueba las conclusiones de la Comisión de Estudios del proceso Constituyente, hasta la última que se produce en relación con la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.

Cuarto elemento fáctico importante: sus dos principales cargos políticos, el secretario general de Vicepresidencia, y el secretario de Hacienda, los señores Lladó y Salvadó, eran los encargados de toda la infraestructura y desarrollo, control del referéndum y del desarrollo de las estructuras y creación de las estructuras de Estado. No es de extrañar, por tanto, que en los domicilios, en los despachos de ambos, se encontrara numerosa documentación sobre precisamente estos temas en relación con la actividad del señor Jové como coordinador general de toda la actividad de preparación, organización y financiación del referéndum, a través de los diferentes medios de investigación que utilizó el Juzgado de Instrucción nº 13 y en el caso del señor Salvadó, con todos los documentos sobre las 175 medidas, los 41 decretos para el caso de que efectivamente la proclamación de la república Catalana fuera una realidad.

Quinto elemento fáctico: es un partícipe cualificado de ese sanedrín o de ese estado mayor del procés que pilotaba este plan y así se mencionan las reuniones, como decía que se incluyen en la agenda Moleskine a lo largo del año 2016 con el procesado rebelde, con Turull, con Romeva, con Rovira, fundamentalmente este era el núcleo que aparece anotado en esa agenda con el contenido que en esa agenda se trataba respecto a los cambios en la hoja de ruta, la valoración de cuando hacer el referendum, la valoración de que había que ir a la vía unilateral porque el Estado no estaba dispuesto a sentarse, eso decían ellos.

Y ahí se contienen una serie de valoraciones importantes, o de ideas o reflexiones, que van marcando el desarrollo de todo este proceso.

En Sexto lugar: otro elemento importantísimo que apunta a la responsabilidad del señor Junqueras. La reunión del 28 de septiembre con la cúpula de Mossos d'Esquadra, las declaraciones de los Comisarios Castellví, Quevedo, Trapero, Ferran y Molinero son muy expresivas. Describen lo que pasó y creo que no es necesario que yo se lo repita el tribunal porque ha escuchado estos testimonios. Pero lo que sí queda claro es que tanto el señor Forn como el señor Junqueras como el presidente de la Generalitat entonces fueron informados por estos de que [ININTELIGIBLE] invocar el referéndum, no solamente porque era ilegal sino además por la alta probabilidad, la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos.

Les comentaron que iban a salir a la calle dos millones de personas, que las fuerzas y cuerpos de seguridad iban a cumplir el mandato judicial y que esto, esa enorme movilización ciudadana, iba a producir necesariamente incidentes violentos en el enfrentamiento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando procedieran a cerrar los centros para cumplir las órdenes judiciales. No me extenderé más en el análisis de estas declaraciones porque el tribunal las ha escuchado perfectamente.

Séptimo elemento fáctico: el procesado Junqueras traslada los resultados del referéndum, con otros dos miembros del Govern al Parlament de Catalunya, para cumplir con lo previsto en la disposición final tercera de la Ley de Transitoriedad Jurídica, para la entrada en vigor de la, de esa ley, y por supuesto, la consecuencia jurídica obligada: la derogación de la Constitución.

Y en octavo lugar, como último elemento que apunta a la responsabilidad del señor Junqueras, habría que destacar los numerosos llamamientos a la movilización de cientos de miles de ciudadanos que fueron a votar el uno de octubre.

Si el Tribunal examina los documentos, no el informe policial, sino los documentos, los folios 1189 a 1240 cuarenta del tomo 3º de la pieza de instrucción, verá que los llamamientos del señor Junqueras a votar, a movilizar a la gente, para el 1 de octubre, son continuos, hasta en catorce o quince ocasiones a diferentes medios de comunicación, realiza llamamientos para que vayan a votar, para proteger la votación y, trasladando a la ciudadanía la imagen de que el referéndum era un referéndum ilegal, que había que votarlo y que, por lo tanto, era absolutamente necesario.

 Forn

Voy a pasar a continuación a las pruebas, al análisis de las pruebas que afectan al procesado señor Forn, responsable de gobernar, de la Consejería de Interior, desde el mes de julio del año 2017, lo que no fue obstáculo para que en tres meses recibiera cinco avisos del Tribunal Constitucional, cinco en relación con el Decreto 139, el Decreto 140, la resolución sobre la Sindicatura Electoral, la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, cinco normas que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Y si no se lo notificó personalmente, es porque seguramente eludió esta notificación, pero él conocía perfectamente que estas resoluciones del Tribunal Constitucional se habían dictado y que avanzar en el desarrollo, en su desarrollo, hasta culminar con la celebración del referéndum era un delito, era una actitud delictiva desde el principio hasta el final.

Hay varias pruebas que demuestran la participación con la intervención del señor Forn en estos en estos hechos.

Primero, las entrevistas emitidas a los medios de comunicación, entrevistas que están documentados en la causa o bien en los correos electrónicos a los que haré referencia a continuación. Entrevistas en las que dice lo siguiente:

19 de julio del 2017, tras la reunión de la cúpula de Mossos d'Esquadra: "Los Mossos garantizarán que los ciudadanos puedan votar con normalidad", vean el correo numero tres de la carpeta que corresponde al señor Forn.

23 de julio, entrevista en El Punt: "No sólo no impediremos el 1 de octubre, sino que facilitaremos su celebración".

Correo numero 4: "El uno de octubre no es una movilización. Es un referéndum en el que Cataluña decide si es independiente o no con consecuencias jurídicas importantes".

1 de agosto, entrevista en el diario Ara, correo numero 7: "Los Mossos d'Esquadra garantizarán que el 1 de octubre se pueda votar con libertad y seguridad".

29 de agosto, El Confidencial, correo numero 10, "Forn avisa: o la Guardia Civil y Policía se reconvierten a Mossos, o tendrán que dejar Cataluña".

27 de septiembre, entrevista a RAC 1, parte de la cual fue exhibida aquí en la Sala, correo número 50, que es donde viene el contenido textual de la entrevista: "Habrá referéndum el 1 de octubre. Permitiremos que la gente vaya a votar. Pondremos urnas. Nosotros Hemos hecho un plan para garantizar que los ciudadanos puedan votar".

Nosotros hemos hecho un plan para garantizar que los ciudadanos puedan votar, esto dice el 27 de septiembre. ¿Qué plan han hecho? El plan de los Mossos.

Es evidente porque el señor Forn, si uno analiza los correos electrónicos suyos, es informado siempre, siempre por el señor Trapero de todos los incidentes relacionados con este problema. Fue informado de las instrucciones del fiscal superior, de las diligencias policiales que los Mossos enviaban al fiscal superior. Fue informado de todas las instrucciones dictadas por el fiscal superior. Fue informado de los, de las valoraciones de riesgos, de los diferentes escenarios que hacía la Comisaría General de Información. En todos esos, hay quince correos electrónicos que le envía el señor Trapero, entre el doce de septiembre y el treinta de septiembre, donde se le informa absolutamente de todo, incluso de cómo neutralizar la instrucción del fiscal superior, incluso de la, de la posibilidad de desobedecer las órdenes dictadas por el fiscal superior, y el señor Forn contesta en ocasiones, o alguno de sus subordinados, corrigiendo esas instrucciones o planes, el Plan Ágora, el plan para el 1 de octubre, con pequeñas correcciones. Fue informado siempre. Tuvo el control absoluto de los Mossos en todo momento. Y eso es lo que hizo el señor Trapero: comunicarle todo para que todo estuviera controlado.

El plan de los Mossos

Esto nos lleva a otra cuestión: al plan de los Mossos. La Prefectura de Mossos d'Esquadra puso en marcha un plan de actuación. Estaba pensando con dos objetivos. El primero, simular que se cumplía el mandato judicial que ordenaba a impedir el uso y apertura de los centros en los días previos y el propio 1 de octubre. Y el segundo, facilitar la celebración del referéndum ilegal, como querían las autoridades políticas de la Generalitat, el correo que se le envía, el correo, la entrevista en la cual, perdón, el señor Forn dice que "tenemos un plan", evidentemente se está refiriendo al plan que habían diseñado los Mossos para garantizar simular que se cumplía la orden judicial, pero en realidad facilitar su celebración.

En apariencia, se ejecutaba la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia y la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, pero en la práctica se consentía su celebración porque tanto las pautas de actuación como las instrucciones impartidas a Los Mossos d'Esquadra excluían el empleo del uso de la fuerza para restablecer la legalidad y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Yo creo que en realidad todo el diseño que se llevó a cabo por los Mossos el 1 de octubre fue un montaje. Fue un montaje el que la trampa estaba, por ejemplo, en sustituir la parte dispositiva del auto de 27 de septiembre por seis palabras de la tercera línea del párrafo tercero del fundamento jurídico segundo de ese mismo auto que decía "sin afectar la normal convivencia ciudadana". ¿Qué ocurrió? Que en la Junta de Seguridad, donde participó el señor Forn y donde estuvo el señor Trapero, preservar la convivencia ciudadana se convirtió en el objetivo principal y por lo tanto, el cumplimiento de la orden judicial en sus propios términos, pasó a un segundo plano.

El fraude estaba en haber diseñado un plan y unas pautas que dificultaban impedían el cumplimiento de la orden judicial de cerrar los centros si, como estaba previsto, murallas humanas de personas iban a proteger los centros. Había un dispositivo de un binomio por cada centro y por supuesto, escasos refuerzos de orden público, porque, como todos sabemos, la BRIMO, la unidad especializada de orden público, pues fue destinada a otros menesteres, o destinada a seguir a unos grupos de ultraderecha, seguir a unos grupos de anarquistas y, por supuesto, a controlar un partido de altísimo riesgo que había en esos momentos en Barcelona a puerta cerrada, que era el Barcelona-Las Palmas.

El engaño estaba en redefinir la orden de impedir el uso de locales hasta el 1 de octubre, hasta el 1 de octubre, y la requisa del material electoral los días 29 y 30 de septiembre, en reconducirlo a una mera visita. Levantaron 4.469 actas. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no se cerró ni se desalojó ningún centro, pese a que, ni se incautó ningún material pese a que era de dominio público que eran ocupados para garantizar su apertura el 1 de octubre.

Fue un dispositivo en el que, según los informes de los Mossos, veinticuatro centros fueron cerrados en las primeras horas de la mañana: un uno por ciento, un uno por ciento. Si ya era escaso el cinco por ciento, los 114 cerrados por el Cuerpo Nacional de Policía y por la Guardia Civil, fíjese lo que es el uno por ciento que cerraron los Mossos. Porque respecto a la relación de los 99 centros, a la relación de 99 centros que figuran como que se consiguió impedir y detener la actividad de votación, hay que examinar las actas concretas. Y el fiscal se ha tomado la molestia de examinar cada una de las actas de esos 99 centros, y el examen de las actas levantadas respecto a esos 99 centros que dicen que cerraron o que esos que se detuvo la votación, ofrece los siguientes resultados.

Sólo en 10 centros se llevó a cabo una acción efectiva de detener la votación desde las primeras horas de la mañana. En los 89 restantes, y hay que mirar una por una, hubo, todos fueron intentos frustrados de los binomios que se acercaban a la puerta, comprobaban que había gente que no les dejaba pasar y que se volvían a su sitio.

Por supuesto, siempre había personas vulnerables, niños y ancianos, y las incautaciones de urnas se producía siempre una vez terminada la votación y sin gente en el interior. Y ya con datos objetivos más concretos, diré: 70 centros de esos 99, el cierre se produjo por la tarde, es decir, cuando ya se había votado y se había hecho el recuento de votos. En 27 centros, los propios Mossos d'Esquadra, los propios Mossos que estuvieron en cada centro, dicen que no se detuvo la votación, luego porque se computan dentro de los 99. En las actas, figura que no se detuvo la votación. En 46 centros, no encontraron nada. En otros 26 centros, encontraron las urnas, al final, las que dejaron los los ocupantes, y sólo en cuatro casos, se utilizaron los ARROs, una de las unidades de orden público, sin que tampoco hubiera ningún tipo de choque o de enfrentamiento para obligar a apartarse a la muralla humana para cumplir con el mandato judicial, porque lo cierto es que ni hubo ningún enfrentamiento, ni hubo ningún herido Mosso d'Esquadra, ni lesionado, ni contusionado.

En relación con la intervención del señor Forn respecto al día 20 de septiembre, efectivamente, es probable que el señor Ford en esos momentos que estaba muy ocupado con el 1 de octubre y el diseño del plan para garantizar que se iba a celebrar el referéndum, no tuviera una intervención directa en relación con la actuación de los Mossos el 20 de septiembre.

Lo que sí es verdad es que tuvo bastantes comunicaciones telefónicas con el señor Sánchez. Hasta siete conversaciones y otros once intentos de llamada, la primera a las, a la una y doce del mediodía, la última a las veintidós cero dos de la noche. Y probablemente algunas de las llamadas, algunas llamadas fueran para intentar que el señor que el inspector jefe de la BRIMO pues se apartara con sus unidades antidisturbios del lugar, como le había exigido el señor Sánchez, se producen efectivamente alguna de las llamadas por la tarde.

 Excepcionalidad

Pero lo que es realmente increíble es que el señor Sánchez y el Señor Cuixart fueran los dueños y señores del orden público en Barcelona. Recuerdo que el abogado de Forn le preguntó a uno de los testigos si en algún momento se había acordado el estado de excepción en Barcelona ese día. Y naturalmente, el testigo sorprendido le dijo que no, un estado de excepción, al menos el que prevé la Ley Orgánica 4/81, no, no, pero si había un estado de excepción, había un estado de excepción de facto.

Había un estado de excepción de facto porque lo excepcional es que se convocara una manifestación para aturar a la Guardia Civil, para parar a la Guardia Civil, para impedir las actuaciones judiciales, que es para lo que se convocó. Lo anormal o excepcional es que se concentraran más de cuarenta mil personas que provocaron una situación de tensión evidente, de agresiones incluso a Mossos d'Esquadra, que no estaban uniformados a los que confundieron con guardias civiles y lo anormal y excepcional es que dos señores se convirtieran en los dueños del orden público en ese momento en Barcelona, de los que dependían los Mossos y el resto. Ellos manejaban a los concentrados y manejaban también, eran quienes impartían órdenes, a los Mossos d'Esquadra, como ha quedado demostrado, y además condicionaron la actuación de la Guardia Civil. Ellos son los que negociaban, si entraban los detenidos, de qué forma entraban. Finalmente, los detenidos no estuvieron presentes y eso ha quedado constatado.

Evidentemente, había un estado de excepción, claro que lo había. La excepcionalidad, que es el alejamiento del derecho, el alejamiento de la ley, se instaló en Cataluña desde mucho antes. Se instaló en Cataluña ya en los meses de septiembre y octubre del 2017, por supuesto, pero creo que comenzó esa situación de excepcionalidad y esos hechos del 20 de septiembre son una muestra de ello, de que de alguna manera se estaba expulsando a la Constitución de Cataluña y que las funciones de orden público fueran asumidas por unos civiles, como eran los señores Sánchez y Cuixart. Realmente, esto no se ha visto nunca en ningún sitio. Esa excepcionalidad comenzó el día que se aprobó la resolución primera de la undécima legislatura y la normalidad democrática se repuso el 27 de octubre del 2017.

Excepcional fue todo, excepcional fue la aprobación de las leyes de desconexión, que laminaban la soberanía nacional y la integridad territorial; excepcional fue la convocatoria y el mantenimiento de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional; excepcional fue la celebración de un referéndum ilegal al amparo de una legalidad suspendida y desoyendo el mandato claro y diáfano del Tribunal Superior de Justicia; excepcional fue lanzar a dos millones de personas a la calle, no sólo para protestar o manifestarse, sino además para proteger un acto ilegal, para impedir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran cumplir con los mandatos judiciales; excepcional fue que llegara a declararse la independencia y se intentara crear una república independiente.

Lo que no podemos aceptar bajo ningún concepto es que quienes se sitúan fuera de la legalidad democrática tilden de antidemocrático el empleo de aquellos instrumentos jurídicos que la legalidad contempla para restaurar el grave ataque al orden constitucional que se había producido, como si lo antidemocrático fuera defender la Constitución y la democracia, como si lo antidemocrático fuera respetar y aplicar las leyes.

Yo no les pido que renuncien a sus convicciones, ni que renuncien a sus ideales. Tienen todo el derecho. Esto es una democracia. Ustedes los pueden defender, los pueden debatir, no los pueden imponer, eso sí, no nos impongan proyectos políticos por cauces antidemocráticos utilizando métodos ilegales, vías de hecho, y utilizando la violencia cuando les viene, cuando es, en determinados momentos del proceso. Pero lo que sí les pido, y yo creo que les exijo, es que respeten las leyes, que respeten la convivencia, y que respeten los derechos de los demás.

Muchas gracias. A continuación, mi compañero del Ministerio Público continuará con el desarrollo del informe.

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