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Día 9: Quezada, culpable del asesinato de Gabriel Cruz

19/09/2019, 22:10
Crónica: "Hemos conseguido justicia", dice la madre del menor, tras luchar para que "esta bruja no pisara más la calle". La Fiscalía y la acusación particular han solicitado la pena de prisión permanente revisable.

Ana Julia Quezada Cruz (República Dominicana, 1974) ha sido declarada culpable del asesinato de Gabriel Cruz, 8 años, el 27 de febrero de 2018 en Rodalquilar (Almería), por un veredicto unánime del jurado popular.

"Hoy se le ha hecho justicia a Gabriel y esa mujer ya no le va a hacer daño a nadie más en la vida", ha dicho su padre, Ángel Cruz, a las puertas del juzgado tras el veredicto, entre aplausos y vítores del público en la calle: "los psicópatas tienen que estar encerrados y lejos de la sociedad, donde no le pueden hacer daño a nadie".

La madre del menor, Patricia Ramírez, ha agradecido al jurado y a sus abogados tras luchar para que "esta bruja no pisara más la calle" y "creemos que lo hemos conseguido", "hemos conseguido justicia" para que "esta mujer no salga nunca más".

Según el veredicto de culpabilidad emitido esta tarde, "una vez en la finca de Rodalquilar, Ana Julia Quezada, de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o pared de la habitación, y tras el impacto del niño, procedió la acusada, con sus propias manos a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento".

"La acusada Ana Julia Quezada Cruz quitó la vida voluntariamente a Gabriel de manera sorpresiva y repentina, sin posibilidad de defensa ni de reacción por parte del niño".

"Gabriel falleció como consecuencia de la oclusión de los orificios respiratorios por asfixia mecánica por sofocación".

En un gesto valiente, los padres de Gabriel se han sentado a escasa distancia, apenas dos metros, de la mujer que asesinó a su hijo durante la lectura del veredicto, en una sala de vistas abarrotada de público y periodistas. Salvo sus propios testimonios a puerta cerrada, los padres no habían asistido a ninguna otra sesión del juicio.

Mientras la secretaria judicial leía la descripción del asesinato, la Sra. Ramírez ha tapado los oídos de su madre—quien la había acompañado hasta el Palacio de Justicia en el centro de Almería—para que no oyera los horribles detalles.

Quezada ha permanecido impasible mientras la portavoz del jurado leía el veredicto. También ha sido declarada culpable de dos delitos de lesiones psíquicas y dos delitos contra la integridad moral con respeto a los padres, y también por unanimidad. Ni una lágrima ha soltado en esta última sesión del juicio, medio de espaldas a los padres en su asiento.

El jurado ha considerado demostrada la alevosía—la completa indefensión de Gabriel—en el asesinato, pero no el ensañamiento (la extrema crueldad) en el modo en el que lo mató.

De las cuatro opciones que sopesaba por la muerte del menor, el asesinato por alevosía era la versión que había defendido durante el juicio la fiscal, Elena María Fernández, responsable de la investigación y acusación pública desde la desaparición de Gabriel en febrero de 2018.

El jurado ha contestado a todos y cada uno de los puntos de las 22 páginas del objeto del veredicto con unanimidad, tras deliberar a puerta cerrada durante 26 horas.

La Fiscalía y la acusación particular (para los padres) han solicitado la prisión permanente revisable para Quezada por el asesinato.

Además, la Fiscalía ha solicitado tres años por las lesiones psíquicas contra el padre y dos años y nueve meses para las lesiones psíquicas contra la madre, el pago de los 200.203 euros del coste de la investigación y la búsqueda del menor y un total de 845.000 euros en reparaciones para el Sr. Cruz, la Sra. Ramírez y la abuela paterna del menor.

La acusación particular ha solicitado tres años para cada delito de lesiones psíquicas, dos años para cada uno de los dos delitos contra la integridad moral y el pago de 250,000 euros a cada uno de los padres.

Al Sr. Hernández Thiel, para la defensa, no le ha quedado más remedio que atenerse a "lo que su señoría estime procedente" para el delito de asesinato, y ha solicitado las penas mínimas para las lesiones psíquicas y los delitos contra la integridad moral: 3 meses y 6 meses, respectivamente, por la ausencia de antecedentes penales de su cliente.

El jurado ha considerado demostrado que Quezada estableció una relación sentimental con el Sr. Cruz en septiembre de 2017, que convivieron con Gabriel y que el día 23 de febrero de 2018, los tres se desplazaron a la casa de la abuela en Las Hortichuelas.

En su coche Nissan Pixo, Quezada se llevó al niño a la finca de Rodalquilar, "un lugar alejado y deshabitado" y "consciente de su superioridad respecto al niño"—Gabriel medía 1,30 metros y pesaba 25 kg—lo asesinó "con sus propias manos".

El jurado ha confirmado que Quezada participó personalmente en todos los hechos que le han sido atribuidos, y que todo ha quedado demostrado por los testimonios de la misma acusada, los padres, los peritos y los distintos agentes de la Guardia Civil.

No ha apreciado ningún atenuante a su comportamiento: ni confesión a la Guardia Civil, ni arrebato "presa de la ira", ni actuar de ningún modo bajo la influencia de las sustancias tóxicas Alaprozam, Lorazepan o Lormetazepan.

Tras matar al menor, la asesina cavó un hoyo a dos metros de la puerta de la habitación donde le había matado e intentó cortarle el brazo izquierdo.

Durante los 11 días de la búsqueda "simuló encontrarse afligida y compungida", generando "falsa expectativas" en los padres sobre la aparición del niño, "desarrollando una actitud de simulación, fingimiento y farsa pública y notoria".

El 3 de marzo de 2018 colocó la camiseta de Gabriel en una zona de matas.

El 9 de marzo, participó en la concentración de apoyo en el centro de Almería portando una camiseta con la cara del niño y el lema "Todos somos Gabriel".

El 11 de marzo regresó a la finca de Rodalquilar para desenterrarlo. Tras meter el cadáver en el maletero del Nissan Pixo, dijo "¿Dónde lo puedo llevar? A algún invernadero. ¿No quieren un pez? Les voy a dar un pez por mis cojones".

Ambos padres sufren estrés post-traumático y trastornos de adaptación, "una disrupción completa en sus actividades cotidianas" y aún necesitan tratamiento médico, con "evolución crónica". La condenada "quiso y fue consciente de que aumentaba el sufrimiento" de ambos.

El jurado rechazó cualquier suspensión de la ejecución de la pena o cualquier petición de indulto para la acusada.

El juicio ha quedado visto para sentencia.

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