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¿De dónde se ha sacado el Tribunal Supremo el último párrafo ilógico de los hechos probados?

14/10/2019, 19:40
Análisis: Los magistrados describen de manera detallada durante 35 páginas cómo buscaban una República independiente de Cataluña para concluir que en realidad sólo querían presionar a los jueces en la comunidad autónoma.

Los separatistas ya protestan por las calles de Cataluña y han logrado la cancelación de una veintena de vuelos en el Aeropuerto de El Prat en Barcelona, donde los agentes antidisturbios de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra ya han cargado varias veces para dispersarlos. Esta tarde noche, se espera que las manifestaciones contra la sentencia del juicio del procés vayan a más. Los políticos ya reaccionan a su manera y hacen declaraciones en tono de seriedad en las teles. Los medios de comunicación tienen a sus reporteros informando del alboroto y de las reacciones y a algún analista intentando convertir la sentencia más importante en España desde 1978 en un artículo tipo lista para las redes sociales o confirmando que las 493 páginas dicen lo que su cabecera creía que iba a decir. Pocos están leyendo dicha sentencia—cuyo contenido confirma que la filtración a algunos medios en Madrid este fin de semana fue real—para entenderla mejor.

Las primeras 60 páginas, más las del fallo al final, confirman los hechos probados, su calificación jurídica última—sedición, malversación y desobediencia, que no rebelión y organización criminal—y las condenas: desde los 9 a 13 años de cárcel e inhabilitación para Junqueras, Forn, Turull, Rull, Romeva, Forcadell, Bassa, Sánchez y Cuixart, hasta los 10 meses de multa por desobediencia para Vila, Borrás y Mundó. Confirman mucho de lo que vimos durante la crisis de 2017 y durante el largo juicio esta pasada primavera. Si comparamos con las peticiones iniciales de las acusaciones, al final, el Tribunal Supremo ha comprado entera la aguada tesis postulada por la Abogacía del Estado del PSOE de Pedro Sánchez y no la rebelión que sostenía el antiguo jefe de Penal de esa institución, el cesado Eduardo Bal, ahora diputado de Ciudadanos, con la Fiscalía y Vox. De una atenta primera lectura de los hechos probados, sale un primer interrogante sobre la sentencia: ¿de dónde han sacado el último párrafo, incoherente a nivel lógico con el resto de esa sección?

¿Qué pretendían los acusados con su plan en Cataluña en 2017? La respuesta debe guardar cierta relación con la realidad, notoria y pública, que presenciaron los españoles ese año y los magistrados arrancan muy bien en ese sentido, con las leyes de desconexión.

La Ley de Transiteoriedad "proclamaba que Cataluña se constituye en República", que "la soberanía reside en el pueblo de Cataluña", y "declaraba abolida la monarquía constitucional". El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasaba a ser el Tribunal Supremo de Cataluña, se modificaba el régimen de nacionalidad, y se redefinían los límites territoriales. El mismo acto de aprobación de la ley sería un "acto de soberanía". Junto con la Ley del Referéndum, "de lo que se trataba era de crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la República independiente de Cataluña". Tramitaron dichas leyes con una "inusitada celeridad" para "silenciar la voz de los grupos parlamentarios que habían mostrado su desacuerdo". Soberanía, república, independencia, Cataluña.

Forcadell y el Parlament controlado por los separatistas no paraban de hacer caso omiso, tanto a todos los avisos del Tribunal Constitucional prohibiéndoles tramitar los asuntos inconstitucionales como a todos los consejos jurídicos que recibieron de los letrados de la cámara autonómica. Y no sólo durante esas intensas semanas de 2017 sino desde el 2015, de forma sistemática. El Parlament aprobó las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, que recomendaban "que el objetivo era llegar a la desconexión de las leyes españolas a través de la vía de la unilateralidad". Todo inconstitucional. El 30 de marzo de 2015, firmaron la famosa hoja de ruta, que establecía que las elecciones autonómicas de septiembre de ese año "tendrían un carácter plebiscitario". ¿Con qué fin? "Iniciar de inmediato un proceso de transición nacional que llevaría a la proclamación de la república catalana", crear "las estructuras necesarias del nuevo Estado" y "proclamar la independencia". Constitución, transición, república, Cataluña.

El papel de la ANC y Omnium—con su manipulación de las masas—"resultaba decisivo para los fines ideados". El 20 de septiembre, "emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones catalanas" porque la Guardia Civil había "declarado la guerra a los que querían votar". ¿Para qué querían votar? ¿Cuál era el fin pretendido? Turull "comunicó que 'el 1-O nos jugamos la independencia'"; Cuixart "declaró que 'si ganaba el sí se tendría que proclamar la república'". Los gastos del referéndum—Unipost, la campaña Civisme, Diplocat, etc.—fueron "la diáfana expresión de su consorcio delictivo". El 1 de octubre, tras una chapuza de referéndum sin garantía alguna, como no, ganó el "sí" con el 90,18% de los votos. El 10 de octubre, Puigdemont compareció en el Parlament. ¿Para qué? Para "manifestar que acataba el mandato del pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república". Fuera del hemiciclo ese mismo día, firmaron "lo que calificaron como una declaración de independencia". El día 27, tramitaron una "denominada" o incluso "simbólica e ineficaz" declaración de independencia que tenía dos propuestas: "la declaración de independencia de Cataluña" y "el inicio de un proceso constituyente para la nueva república". República, referéndum, independencia, Cataluña.

República, referéndum, independencia, transición, constitución, Cataluña. Palabras que describen el fin conocido, que encajan con la realidad presenciada y que usa el mismo Tribunal Supremo en las primeras 35 páginas de los hechos probados. Pero luego hay una página trigésima-sexta. En esa página, tras un par de horas de atenta lectura, uno sufre un lapsus lógico. Tras explicar a la nación que todo aquello fue así y de esa manera hace dos años e incluso desde el 2015, que había un gran plan, y que los acusados habían declarado repetidas veces, de forma notoria y pública, que su intención fue la que dijeron que era, Marchena et al. nos cuentan que la intención real de los acusados no fue aquella sino otra, distinta, y menor.

Los acusados, se nos dice de repente al final, "eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación", concepto que era "imaginario", "sabían que la simple aprobación de enunciados jurídicos […] no podría conducir a un espacio de soberanía". El referéndum "no era sino un señuelo para una movilización" para engañar a la gente "que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano". "Los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana, desconocían que el 'derecho a decidir' había mutado y se había convertido en un atípico 'derecho a presionar'" El fin real, reza la última página, no era lo que llevaban los mismos magistrados 35 páginas explicando con profundo detalle ilustrativo, sino "presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular" y "demostrar que los Jueces de Cataluña habían perdido su capacidad jurisdiccional".

¿Cómo?

Habiendo seguido de cerca la crisis separatista desde el 2017, y todos los días del juico, creo que es la primera vez que leo que el fin de los separatistas se limitaba a coaccionar a los jueces en Cataluña. Y si fue así, ¿qué buscaban? ¿Cuál era su plan? ¿En qué consistía el botín último? El último párrafo de los hechos probados no lo explica. Se queda en la incoherencia absurda—después de certificar todo lo demás en las 35 páginas anteriores—de argumentar que el fin de los acusados no era conseguir la república catalana. Desde luego una explicación así encajaría más con una sedición que con una rebelión pero habrá que ver cómo encajan los hechos probados—y a dónde nos lleva ese último párrafo raro—en los fundamentos de derecho y la calificación de los delitos. ¿Puigdemont, Junqueras y los demás tenían un plan contra el orden constitucional—buscaban una república independiente—o contra el orden público—sólo pretendían coaccionar a unos jueces?

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